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A las drogas dile… cualquier cosa

Last modified on 2013-09-12 01:30:57 GMT. 0 comments. Top.

maconha71A las drogas dile… cualquier cosa             

 

Ni el informe sobre drogas de la OEA, expuesto recientemente  por  José Miguel Insulza, su Secretario General, en diversos auditorios, ni sus comentaristas auspiciosos – pocos se han atrevido a controvertirlo-  se hacen cargo de los adversos impactos sanitarios, en la seguridad ciudadana, al respeto a los derechos humanos, a la seguridad de los estados y las relaciones internacionales que han tenido la aplicación de las convenciones internacionales sobre drogas de 1961, 1970 y  1988. Estas convenciones  prohíben penalmente toda forma de provisión – producción, tráfico, comercio  y expendio- de opio y sus derivados, marihuana, coca y cocaína (1961), psicofármacos  y precursores de estos (1970), así como  solicita a los estados sancionar penalmente el consumo de cualquiera de aquellas sustancias (1988).

Este sistema penal internacional ha llenado las cárceles del planeta de pequeños traficantes y consumidores de drogas,  ha  atochado el sistema penal  hasta la ineficiencia,  ha generalizado la violencia en las calles de los barrios populares y en los campos de las zonas rurales más empobrecidas del mundo, la “guerra de las drogas” ha producido cientos de miles de víctimas entre sus actores pero sobre toda entre la población civil inerme que ni usa ni trafica con drogas,  ha instalado la inseguridad y el temor en el imaginario colectivo de la época, en el mundo de la globalización  no hay nada tan global como el asunto de las drogas y su sangrienta guerra. Todo esto se ha hecho para proteger la salud y la moral de la humanidad.  No obstante hay y han pasado más usuarios problemáticos de drogas por las cárceles que por los servicio de salud. En breve, esta política internacional de prevención y control de drogas ha criminalizado e irrespetado los derechos de los más vulnerables y débiles: los usuarios de drogas y los pequeños proveedores que delinquiendo gestionan su pobreza. Aquí en Chile detenemos 85.000 personas al año por infracciones a la ley de drogas, más de la mitad de los 160.000 detenidos por todos los  delitos, mientras que por robo con fuerza solo a 19.000.

Todo esto ha sido hecho pese a que solamente un 3% de la población ha usado drogas en el último mes, pese  a que el 75% de quienes han usado drogas han dejado de hacerlo, pese a que no hay evidencia científica de que las drogas controladas causen más  dependencias y adiciones que el tabaco y el alcohol, pese a  que el intento de los Estados Unidos de América a comienzos del siglo pasado de controlar mediante la aplicación de la ley penal  la provisión y el consumo de alcohol puso en evidencia  que ese intento de control producía más daños que beneficios sanitarios entre la población y para la seguridad ciudadana. La gran lección allí recogida fue que el mercado negro y el contrabando surgen cuando una prohibición no tiene legitimidad, ya que la violencia penal solo se legitima cuando se aplica a la protección de bienes jurídicos específicos y claramente definido como: la vida, la integridad de la persona humana, la libertad, la propiedad, etc.

Ante la declarada guerra de las drogas  para controlar el uso y la provisión de esas sustancias ha habido un proceso creciente  de resistencia, que se inicia en la década de los setenta cuando el Gobierno Holandés aplicando el principio de oportunidad  de la acción penal,  que es una competencia de los fiscales, permite el acceso a pequeñas cantidades de marihuana en sus ya famosos cafés de cannabis, luego otros países europeos como Suiza, Portugal, España,  o anglosajones como Australia, Canadá y Nueva Zelanda irán tolerando diversa formas de provisión y consumo que no serán sancionadas, en los últimos diez años una veintena de estados de los Estados Unidos de Américas han establecido diversas modalidades de uso médico de la cannabis sin preocuparse mucho de sus desvíos al uso recreativo, ahora, el año pasado los estados de Washington y Colorado han aprobado su consumo y provisión con fines recreativos, ante lo cual el Gobierno Federal ha decidido hacerse el desentendido – el  “desentendimiento” parece ser la nueva doctrina pública en drogas- ; finalmente,  por  iniciativa del Gobierno  el Parlamento de Uruguay ha aprobado una ley que regulariza el consumo y la provisión de cannabis administrada por el Estado, con esto será el primer estado que legalmente termina con la prohibición de esta sustancia, que representanta más del 70% del consumo de drogas en el mundo, en Chile el 90%.

En estos días Ric Holder, Secretario de Justicia de los EUA ha dicho que: “De los 219.000 detenidos en las prisiones federales, casi la mitad  están condenados por temas de drogas”, pidió cambiar las leyes de drogas ya que estas: “fomentan el irrespeto por el sistema, y cuando se aplican indiscriminadamente no favorecen la seguridad pública”…”Se trata de un círculo vicioso de pobreza, criminalidad y cárcel que atrapa a demasiados estadounidenses y debilita a demasiadas comunidades”. Recientemente, el Secretario Holder ha afirmado no intentarán bloquear las leyes estatales aprobadas el año pasado en Colorado y Washington  “aplazando su derecho a impugnar las leyes de legalización en este momento”, como vemos impera el principio del desentendimiento.

Aquí en el país, en período electoral, con grandes expectativas de cambios políticos, económicos y sociales instaladas por los estudiantes y demandadas por la gran mayoría de la nación –“la calle”-, la necesidad de un nuevo trato al consumo y provisión de drogas ha sido planteado por diversas instituciones de la sociedad civil – Red Chilena de Reducción de Daños, la Coalición por una Nueva Política de Drogas, la Fundación Paréntesis- e incluso por algunos importantes políticos –senadores Lagos Weber y Rossi-, mientras que la policía intenta detener personajes importantes por infracciones a la ley de drogas, en particular de la farándula televisiva, entre tanto los medios de comunicación se mueven en la ambigüedad y la desinformación como siempre sucede cuando se aproxima un “cambio epocal” significativo.

En términos programáticos las candidaturas presidenciales con mayores opciones  nada han dicho, la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, se ha limitado a reconocer que es un error la norma por la cual se considera a la cannabis una “droga dura”, lo cual implica aplicar las mayores penas previstas y no reconocer beneficio alguno en favor del imputado,  cosa que fue hecha bajo su gobierno, además, ha dicho que fumar marihuana no es más grave que emborracharse ; por su parte, la candidata  de la Alianza por Chile, Evelyn Matthey, también considera la necesidad del mismo cambio sobre la gravedad de la tenencia de marihuana y de algún otro sin especificarlo. Hay que reconocer que solamente Marcos Enríquez Ominami, con la tercera opción, es el único candidato que ha hecho propuestas concretas para regularizar la provisión y el consumo de drogas. En fin, hasta ahora en la actual campaña electoral la política en drogas es: “a las drogas…dile cualquier cosa”.

 

Ibán de Rementería

Secretario Ejecutivo

Red Chilena de Reducción de Daños

 

 

La ignorancia y la imposibilidad de evitar el delito por cannabis sativa.

Last modified on 2013-09-11 02:56:50 GMT. 0 comments. Top.

La corte suprema  ha ratificado la sentencia en contra el dr. Milton Flores por cultivo ilegal de marihuana. El psiquiatra ha sido condenado a 541 días de presidio remitido por cultivar plantas de cannabis sativa; especie incluidas en el reglamento de la ley 20.000.

Esta condena resulta ser desmoralizante, no solo, como dice el imputado, por el ninguneo al derecho constitucional a alcanzar el nivel de espiritualidad deseado, sino porque ha sido dictada en una escena local que no está preparada para autorizar este tipo de cultivos, dando la razón a los escépticos liberales que ahora nos van a enrostrar que el Leviatán, con su sobredimensionamiento, no está preparado para regular la vida ciudadana, incluso en estos afanes.

La Convención única de control de estupefacientes de 1961 alienta a los países que la firman  a que mantengan un mecanismo para acceder a los beneficios medicinales de las mismas, por ejemplo la morfina o la heroína del Opio, o el mascado de hoja de coca en Bolivia. En nuestra realidad, la actitud del Estado ha sido la de prohibir nuestro derecho a acceder a ciertas plantas, especalmente con algún mayor celo, a cannabis sativa.

En Chile, tal institucionalidad está construida sobre el Ministerio de salud y su “organismo” autónomo el Instituto de Salud Pública (ISP), que reconoce el status de terpéutico o no y el Servicio y Ganadero (SAG), que autoriza el cultivo de estas especies vegetales . Sin embargo, las autorizaciones a cultivar, acceder, comprar, regalar o vender  cannabis no existen, pues el Servicio Agrícola y Ganadero se he interpretado como regulador de plantaciones industriales, y no autoriza el cultivo para otros usos (v.g médicos, espirituales, etc) porque no existe el reconocimiento explícito del Instituto de Salud Pública para ello, pese a lo que establece la propia convención de 1961.

El problema chileno, según el SAG,  por tanto sería la desactualización de los estándares químico-farmacéuticos respecto al estado de conocimiento mundial, pues la cannabis está reconocida como medicamento en diversos países, como Estados Unidos, Holanda, República Checa, Canadá, etc. En cada uno de estos lugares la legislación es diferente, pero existen en todos ellos mecanismos de regulación que aseguran el acceso a quienes requieran su uso medicinal. Por ejemplo en España la ley permite la existencia de clubes de usuarios que autogestionan sus cultivos limitados a su propio uso. La reforma Uruguaya por su parte establece un estanco estatal  limitado para los mismos fines.

Por lo tanto el embrollo chileno podría disolverse mediante una orden directa del Ministro de Salud a la Directora del ISP, que le ordene  a actualizar su postura ante la cannabis y  mandare a realizar los estudios pertinentes para validar el uso medicinal de tal sustancia.

Múltiples grupos de interés existen en Chile solicitando medidas de esta naturaleza. El Colegio Médico de Chile, Asociaciones de usuarios, como Cultiva Medicina, Red Chilena de Reducción de daños, etc.

Hoy mas que nunca cuando se dice establecer una agenda política que recoja el sentir ciudadano se hace necesario exigir a nuestras autoridades políticas una solución a este vacío leal, por cuanto la ley 20.000 reconoce el uso medico de esta sustancia, pero al mismo tiempo el ISP declara desconocer utilidades terapéuticas de la planta es cuestión. Es hora de que nuestros candidatos a la presidencia preparen sus agendas.

 

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Sergio Sánchez Bustos.

 

 

Entrevista a Mauricio Sepulveda en revista Cañamo

Last modified on 2013-06-13 01:36:37 GMT. 0 comments. Top.

Mauricio Sepúlveda es Psicólogo y doctor en Antropología. Vivió durante 11 años en Barcelona y hoy está
en Chile haciendo un post doctorado en la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile. En su vasto
currículum, nos encontramos con que fue uno de los impulsores de la red chilena de reducción de daños,
organizó junto a Claudio Venegas, editor de Cáñamo Chile, el colectivo Zona de Síntesis y que es el director
de proyectos de IGIA España desde el 2001 a la actualidad.
Su experticia en drogas comprende también el primer trabajo etnográfico sobre pasta base en Chile, estudios sobre éxtasis y drogas inyectadas en nuestro país. Hoy en día se encuentra acá, aparte de los motivos académicos, como uno de los precursores y fundadores, junto a Venegas, del Grupo IGIA Latinoamérica (IGIA LAT).

Descargar entrevista aquí

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